El Gobierno ha presentado su nuevo proyecto para la vivienda, la llamada Caja 47, en un momento en que el precio del alquiler ha subido un 30% en los últimos cinco años. Esta nueva empresa estatal de vivienda es, en esencia, un cambio de imagen para la histórica Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), y su nombre rinde homenaje al artículo 47 de la Constitución, que consagra el derecho a la vivienda. La iniciativa ha sido analizada en el programa ‘La Linterna’ de COPE, que cuenta con los comentarios de expertos que esperan subidas suaves en el precio de los pisos.

Durante el espacio "Clases de Economía", la experta y subdirectora de ABC, Yolanda Gómez, ha criticado la medida más llamativa del plan: los contratos de alquiler de hasta 75 años. "Estos plazos me parecen exagerados, para empezar, los jóvenes las pueden necesitar", ha afirmado, argumentando que una persona puede necesitar ayuda al inicio de su carrera, pero después debería poder ceder esa vivienda social. Aunque reconoce que "España necesita vivienda pública", ha sentenciado que los plazos son excesivos.

El proyecto, presentado por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, promete poner en el mercado hasta 40.000 alquileres asequibles. Estos estarían destinados a las rentas más bajas y a hogares con ingresos de hasta 63.000 euros anuales. La ministra ha defendido la duración de los contratos asegurando que "si no cambian nuestras circunstancias y seguimos teniendo la necesidad de vivir en estas viviendas, estas serán nuestras casas, nuestros hogares". Un problema, como indica el consultor económico Fernando Trías de Bes, es que si tienes un piso y lo quieres vacío, el problema es que no se construyan más.

La oposición no ha tardado en calificar el proyecto como un “chiringuito”. Una de las principales dudas sobre su efectividad reside en el origen de los inmuebles, que provienen del llamado ‘banco malo’ (SAREB). Dar salida a estas viviendas siempre ha sido complicado debido a su localización, ya que, como ha explicado José María Alfaro, de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias, "hay dos velocidades del sector inmobiliario en este país", con una demanda concentrada en grandes ciudades. Esta tensión entre una demanda disparada y una oferta escasa es uno de los grandes retos del sector.

A las dudas sobre la viabilidad se suma la derivada económica. El cierre de la SAREB implica que el Estado deba asumir su deuda de 50.160 millones de euros. Según la oposición, con esa cantidad se podrían construir hasta 100.000 viviendas nuevas. Estas cifras contrastan con la necesidad real de España, que requiere un millón y medio de pisos de alquiler social para equipararse a los estándares europeos.

En el mismo espacio, Yolanda Gómez también ha abordado otras cuestiones económicas. Ha explicado que Hacienda ha decidido retrasar su cierre fiscal para poder gastar más fondos europeos, ya que la ejecución va "con muchísimo retraso". Además, ha comentado la renuncia del Gobierno a buena parte de los 84.000 millones de euros en préstamos blandos de Europa. Según Gómez, esta decisión se toma "para no hacer reformas", algo que ha calificado como una “oportunidad desaprovechada”.